La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor del Parlamento Europeo (IMCO) ha votado el pasado miércoles la propuesta de Reglamento presentada por la Comisión Europea, por el que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, que pretende derogar la Directiva 2011/7/UE que ha venido actuando como normativa marco contra la morosidad durante los últimos años. Una vez aprobada la propuesta por la Comisión IMCO continuará su tramitación en el pleno del Parlamento Europeo.

La Directiva 2011/7/UE, actualmente en vigor, reconoce la heterogeneidad de los diversos sectores económicos en función de sus propias especialidades y estructuras económicas. Esta flexibilidad, de aprobarse la propuesta de Reglamento de la Comisión Europea, se perdería, pues, una vez aprobada la norma, sería de aplicación directa a todos los sectores y en los ordenamientos jurídicos nacionales.

La medida estrella y más polémica de la nueva propuesta normativa de la comisión europea es, sin duda, la reducción de los plazos de pago a 30 días para todas las operaciones comerciales. Los agravios comparativos que la aplicación de esta medida supondría para distintos sectores económicos, es lo que ha hecho que los representantes de un buen número de empresas que comercializan con bienes y productos de baja rotación hayan unido sus fuerzas para pedir auxilio al Gobierno mediante la firma de una “declaración conjunta”, que ha sido presentada.

Los firmantes del mencionado documento son: la Asociación de Distribuidores de Ferretería y Bricolaje (ADFB), la Asociación Nacional de Centrales de Compras y Servicios (ANCECO), la Federación Española de Comerciantes de Electrodomésticos (FECE) y los sectores de bienes de baja rotación asociados a la Confederación Española de Comercio (CEC).

En relación con la nueva propuesta normativa de la Comisión Europea, el presidente de la ADFB, Guillermo Leal, manifiesta que “los sectores de baja rotación somos los más perjudicados por esta medida” y añade “confunden morosidad con libre negociación de los plazos de pago y crean un problema donde no lo hay, ya que en el sector de la ferretería y el bricolaje, por ejemplo, el nivel de morosidad hoy es prácticamente nulo“.

Por su parte, para el Secretario General de FECE, Alfredo Gosálvez, señala que “un plazo de pago único y tan estricto para todos los casos perjudicaría gravemente a las PYMES y a los comercios de proximidad, penalizando además al comercio físico en beneficio de los marketplaces que están sometidos a menor regulación”.

Del mismo modo, según se desprende del texto de la declaración conjunta presentada, los afectados consideran que “la reducción de los plazos de pago provocaría graves consecuencias para los sectores españoles de bienes de baja rotación como la pérdida de competitividad de nuestras empresas, la falta de financiación, la reducción de stocks o la fragmentación de pedidos”. Además, la presidenta de ANCECO apunta que “la pérdida de competitividad que supondría la aplicación de esta medida afectaría a la economía de todos los estados miembro, ya que produciría una evidente desviación de liquidez a países fuera de la UE que no estén obligados a plazos de pago tan reducidos”.

Los firmantes de la declaración continúan explicando que “no se puede combatir la morosidad atacando los plazos de pago, ya que este es solo uno de los múltiples elementos que conforman una operación comercial. La negociación de los plazos de pago no solo otorga certidumbre al proveedor sobre la fecha en que recibirá el cobro, sino que a ambas partes les dota de la flexibilidad adecuada para hacer frente a sus necesidades de financiación”.
Por último, entre las implicaciones que se recogen en el documento presentado, el presidente de la CEC destaca que, como casi siempre, “la reducción de los plazos de pago afectaría no solo a las empresas, sino también a los consumidores finales, que sufrirían efectos muy negativos como la reducción significativa de la oferta de productos disponibles y, en todo caso, el incremento de sus precios”.

En conclusión, es un tema complejo y muy delicado por todas las implicaciones que supondría el cambio de regulación para las empresas españolas y europeas. Por ello, las entidades firmantes confían en que sus sensibilidades sean escuchadas y defendidas por parte del Gobierno ante las instituciones europeas. No en vano, según indican distintas fuentes del Parlamento Europeo, son muchos los países en el seno de la Unión que parecen posicionarse de forma contraria a la reducción de los plazos de pago, entre los que podrían encontrarse Francia y Alemania. Las entidades están ahora a la espera de respuesta para poder mantener las reuniones solicitadas con los Ministros de Industria y Economía, así como con los máximos responsables de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno.