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La crisis sanitaria del coronavirus ha afectado a la economía de los hogares españoles por encima de la mediade los países de su entorno. Sus ingresos han caído notablemente y, aunque en 2020 se redujo el precio de algunos recibos básicos, la pandemia ha marcado ciertas pautas a la hora de abonar facturas y planificar los gastos de los españoles.
El nuevo Informe Europeo de Pagos de Consumidores, elaborado por Intrum tras analizar el comportamiento de consumidores de 24 países europeos, confirma esta situación. En el último año, una cuarta parte de la población española (24%) se ha retrasado en el abono de sus facturas, un 4% más que en 2019.
Este retraso en el pago de recibos viene motivado, no solo por el hecho de que el 43% de los españoles haya visto mermados sus ingresos a raíz de la Covid-19, sino también por la incertidumbre económica. Las previsiones para España no son nada halagüeñas y los consumidores son conscientes de ello. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) asegura que España sufrirá la segunda mayor recesión de los 46 estados que componen la OCDE, solo superada por Argentina; y la Comisión Europea prevé que el PIB español caiga un 12,4% al cierre de 2020.
Este escenario macroeconómico se traslada a la microeconomía y hace que los españoles antepongan el pago de unos recibos u otros. Y no es para menos, pues a pesar de priorizar el pago de facturas esenciales durante el confinamiento, como Internet o los servicios básicos domésticos, un tercio de los ciudadanos españoles asegura que, tras pagar sus facturas, dispone de menos del 10% de su sueldo; una cifra casi diez puntos porcentuales por encima del promedio europeo (25%).
Este escaso margen de maniobra para afrontar imprevistos no solo aumenta el porcentaje de españoles que se retrasan en sus facturas, sino que, de ellos, casi 4 de cada 10 (36%) lo tomen como un hábito y el 64% restante alegue que se trata de un hecho puntual.
Ante estos datos, no cabe duda de que la crisis de la Covid-19 ha tenido un impacto negativo en el bienestar financiero de los españoles. Especialmente para aquellos que tienen entre 38 y 44 años, pues 6 de cada 10 españoles de estas edades afirman que están más preocupados ahora por su bienestar financiero que en cualquier otro momento de su vida.
Una circunstancia que, según pone de manifiesto el Barómetro de Bienestar Financiero de Intrum, tiene un efecto negativo en la salud económica de los españoles. De hecho, la población española se sitúa por debajo de la media europea en bienestar financiero al retroceder 8 puestos en la clasificación y situarse a la cola de Europa (5,96 puntos), solo por encima de Grecia (5,91) e Italia (5,27).
Ante esta caída en el bienestar financiero, la población española comienza a tomar precauciones a la hora de endeudarse. De hecho, el informe de Intrum sitúa a España entre los 5 países más cautelosos a la hora de contraer deudas, a pesar de los bajos tipos de interés.
Encabezando el ranking se encuentra Portugal, donde 8 de cada 10 lusos aseguran ser precavidos a la hora de asumir nuevas deudas (82%), seguidos de los húngaros (78%) y los polacos y rumanos (76%). Al mismo nivel que España se encuentra Grecia, donde el 74% de los encuestados reconoce ser más cauteloso de lo normal a la hora de contraer deudas, apostando así por una economía sostenible.
En los próximos meses está previsto que finalicen los periodos de carencia y los españoles prefieren actuar con cautela en sus presupuestos. Según muestra el Informe Europeo de Pagos de Consumidores de Intrum, una vez que no se puedan posponer pagos como el de la hipoteca, 1 de cada 5 españoles (18%) está convencido de que en los siguientes seis meses no podrá cubrir gastos esenciales como las facturas de servicios básicos, tres puntos porcentuales por encima de la media europea.
A pesar de este incremento, España sigue siendo uno de los 10 países europeos en el que sus ciudadanos afrontan con mayor puntualidad el pago de sus recibos; ya que, en grandes economías como Francia, el 27% los encuestados reconoce no cumplir con sus obligaciones de pago en los plazos establecidos, mientras el promedio europeo se sitúa en el 29%.