La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) avisa de que el caos de las hipotecas podría restar hasta 650 millones de euros al mercado de la reforma, después de que el Gobierno tumbara la decisión del Tribunal Supremo y anunciara que será la banca quien finalmente pague el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD).

Además, Andimac cree que el sector terminará repercutiendo a sus clientes este gasto, que por otra parte las entidades bancarias no podrán deducirse en el Impuesto de Sociedades. Como consecuencia, los hogares perderán el poder adquisitivo equivalente a un tercio de este tributo, es decir, del 0,5% de media. Y ello, añadido al efecto psicológico que se deriva del encarecimiento de los préstamos, se traducirá en una menor predisposición a realizar obras de mantenimiento y mejora.

De igual modo, la Asociación reconoce que si bien estas incertidumbres no tendrán este año demasiado impacto, dadas las fechas en las que nos encontramos, todo apunta a que en 2019 el sector de las reformas se resentirá por culpa de esta medida. Y es que la polémica en torno al impuesto ha provocado un cuello de botella, llegando a paralizar más de 8.000 operaciones hipotecarias en toda España entre el primer fallo del Supremo y su posterior rectificación, según la Federación de Asociaciones de Agencias Inmobiliarias (FAI).

Pues bien, la Asociación recuerda que siete de cada diez casas que se venden en España pasan antes o después por algún tipo de reforma, por lo que el sector se verá doblemente resentido. De forma paralela, indica que las obras de mantenimiento y mejora revalorizan las viviendas hasta un 20% y que pueden incrementar hasta un 30% los precios del alquiler.

En un escenario más optimista, Andimac admite que el encarecimiento de las hipotecas podría repartirse equitativamente entre todos los conceptos de gasto de los hogares, lo que entonces tendría un efecto mínimo sobre el mercado de la reforma, al que actualmente dedican tan solo el 1,5% de su renta disponible, frente al 5% que dedican, por ejemplo, al mantenimiento del coche.

Andimac sostiene que la actividad constructiva mantiene el pulso, pero que empieza a dar síntomas de ralentización, debido a la menor velocidad en la venta de vivienda nueva -por el gran peso de la vivienda usada, en muchos casos proveniente del stock- y a la dificultad de encontrar mano de obra cualificada, otro factor que está retrasando obras.

Principales revulsivos

Con el objetivo de compensar esta caída del gasto y de estimular un sector como el de la reforma, llamado a lograr la sostenibilidad de la construcción en España y a apuntalar la recuperación de la economía y del mercado laboral -por cada puesto de trabajo en obra nueva se generan 1,5 en reformas-; Andimac propone una serie de revulsivos.

Y entre ellos destaca la recuperación de la deducción de IRPF por rehabilitación de vivienda habitual en el tramo estatal y autonómico –que se eliminó en 2013-, lo que podría favorecer a unos 200.000 hogares y serviría para aflorar buena parte de la actividad sumergida que persiste en el sector. Otra medida efectiva de carácter fiscal sería la rebaja del IVA de los materiales al 10%, tal y como tributa la mano de obra, puesto que contribuiría a que los hogares ahorraran 2.000 millones de euros en reformas.

Al mismo tiempo, la Asociación recalca la importancia de seguir impulsando la figura del asesor técnico en reforma, así como de crear un Código Técnico de la Reforma (CTR) que, al igual que el Código Técnico de la Edificación (CTE), marque las pautas por las que debe regirse la reforma desde el punto de vista técnico y constructivo y cubra el vacío que deja el CTE, que únicamente se dirige a la vivienda nueva.

Según el jefe de estudios de Andimac, Lorenzo Marazuela, “a las dudas que el entorno socioeconómico está generando sobre el mercado de la vivienda en España, se suma ahora el impacto de los cambios en el impuesto de las hipotecas. Las entidades financieras actuarán para que las medidas políticas y jurídicas no afecten a sus cuentas de resultados, por lo que el coste final terminará recayendo sobre los hipotecados, directa o indirectamente. El resultado es que el sector de la reforma se resentirá, en mayor o menor grado, si no se actúa para amortiguar estos efectos. Las políticas de vivienda no deberían cambiar cada tan pocos años, sino que es necesario implantar unas normas estables y largoplacistas”.